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DECLARACIÓN SOBRE VENEZUELA

 

Panamá, 14 de mayo de 2015

PARLAMENTARIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE AMÉRICA (ODCA) DEMANDAN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS EN VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que la situación de crisis política y social, la violencia y la polarización social se han profundizado en Venezuela con un alarmante aumento de denuncias por detención arbitraria de opositores, persecución, tortura, inhabilitación de dirigentes políticos, y otras violaciones a los derechos y libertades reconocidos expresamente por convenciones internacionales y las leyes venezolanas.

Que la mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido sobre violaciones a los Derechos Humanos y las libertades políticas en Venezuela.

Que Su Santidad el Papa Francisco, los Secretarios Generales de la ONU y la OEA, diversos gobiernos y parlamentos, y otros líderes mundiales, ya han alzado su voz de preocupación por la crisis política en Venezuela.

Que próximamente se iniciará un proceso electoral para la renovación del Poder Legislativo, lo que requiere un ambiente de respeto pleno a las libertades públicas y la imparcialidad institucional para garantizar la realización de elecciones libres, justas y democráticas.

Los Parlamentarios de partidos políticos miembros de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), reunidos en Panamá el 14 de mayo de 2015

DECLARAMOS

1. Nuestro respaldo absoluto al pueblo Venezolano por la grave situación que vive y nuestro reclamo al Gobierno de Venezuela para que reanude el proceso de diálogo con la oposición a objeto de buscar una solución concertada a la crisis política, institucional, económica y social que afecta a Venezuela, en un marco de respeto mutuo y reciproca colaboración.

2. Que el Gobierno Venezolano debe crear un ambiente propicio para un diálogo nacional de buena fe, sincero y efectivo, lo que implica detener la represión y persecución de los líderes opositores, así como la inhabilitación de posibles candidatos a las próximas elecciones.

3. Que el Gobierno Venezolano debe dar cumplimiento a la petición de “inmediata liberación” del líder opositor Leopoldo López y del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, que determinó que ambas constituyen “detenciones arbitrarias”.

4. Que el Gobierno Venezolano debe ampliar esta liberación a las 69 personas arrestadas durante las protestas públicas en ese país, como también lo han demandado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

5. Que el Gobierno Venezolano debe ordenar la liberación del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y la detención del mecanismo de inhabilitar políticamente a líderes opositores como los diputados desaforados María Corina Machado y Richard Mardo y el ex Gobernador de Táchira, César Pérez Vivas.

6. Que el Gobierno Venezolano debe adoptar medidas para el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades públicas en conformidad al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.

7. Que el Gobierno Venezolano debe adoptar las medidas para garantizar elecciones libres, democráticas, justas y transparentes y un proceso electoral equitativo con verificación internacional. En ese sentido, apoyamos las misiones de observación de organismos internacionales, libre e imparcial, reconocida por las autoridades, para garantizar una campaña y unas elecciones justas, equitativas y transparentes.

8. Que el Gobierno Venezolano debe respetar el ejercicio de la soberanía popular en la elección directa de los diputados a la Asamblea Nacional, al Parlatino y otros parlamentos regionales como está establecido por la ley.

Finalmente, los parlamentarios reunidos en Panamá declaramos que el respeto y pleno ejercicio de los principios democráticos, los Derechos Humanos, la independencia de los poderes públicos, las elecciones libres y justas, y la vigencia del Estado de Derecho constituyen las bases para la convivencia política y la paz social.

Asimismo, declaramos que, en el marco de la democracia, el diálogo plural es el mecanismo para la solución concertada de las diferencias y el voto, en elecciones libres y limpias, el instrumento para dirimir las diferencias y legitimar el ejercicio del poder.

 
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